La Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción (Conepa), ha iniciado una nueva campaña, informando a sus empresas asociadas de la necesidad de alertar a sus clientes que la anulación del filtro de partículas, en los vehículos diésel, es ilegal.
Se trata de una práctica cada vez más solicitada por los usuarios, a pesar de que las actuales normas contra la contaminación obligan a los fabricantes a incluir en los vehículos, especialmente los diésel, este tipo de equipos de escape, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes.
El principal inconveniente con el que se encuentran los usuarios es a la hora de pagar por la sustitución del filtro de su vehículo “por haber alcanzado su ciclo de vida útil”, descubriendo que “el importe de estas reparaciones puede llegar a superar los 1.000 euros«, según palabras de Conepa. Como alternativa a este gasto, al cliente se le ofrece la opción de suprimir el filtro de partículas.
Por supuesto, esta alternativa es ilegal y «puede ocasionar problemas importantes a quien se decida por ella», advierte la Federación, recordando, además, que este tipo de dispositivos son exigidos por la normativa europea de protección del medio ambiente. De hecho, cualquier tipo de vehículo que presente esta situación podrá ser rechazado por la ITV. Por su parte, el usuario podría ser sancionado por parte de los agentes medioambientales, así como ser obligado a rehabilitar el sistema original de escape que poseía su vehículo en un principio.
Víctor Rivera, secretario general de Conepa, ha puntualizado que los talleres deben dar «una adecuada información a sus clientes para evitarles problemas y para mentalizarles de la obligación legal y el beneficio social de respetar el entorno”.
